Informe Jurídico de Expediente Constitucional N° 00020-2015-PI/TC

Abstract

El presente Informe Jurídico analiza el proceso de inconstitucionalidad promovido ante el Tribunal Constitucional por el Colegio de Abogados de Arequipa, contra el Congreso de la República, solicitando se declare inconstitucional la Ley N° 29622, “Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional”. El debate jurídico del proceso, que contó con la activa participación de la Contraloría General de la República, estuvo centrado en determinar si al concentrarse en la Contraloría la potestad de investigar y sancionar en materia de responsabilidad funcional, se vulnera o no el principio de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional. Adicionalmente, se debía definir si la descripción de las infracciones previstas en el texto de la ley impugnada, transgredió o no el principio de legalidad; si ello también implicaba una trasgresión al principio ne bis in idem; si existió contravención o no a la progresividad de los derechos sociales; y, finalmente, si la sanción de inhabilitación en sede administrativa trasgredía el derecho fundamental de acceso a la función pública. Luego de la audiencia pública de vista de la causa, realizada en la ciudad de Arequipa, y de informes orales ante el magistrado Ferrero Costa, quien asumió el cargo con posterioridad, conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237), el caso fue resuelto en instancia única por el pleno del Tribunal Constitucional, mediante sentencia de fecha 25 de abril del 2018, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de abril del 2019, que declaró fundada en parte la demanda y, en consecuencia, inconstitucional el artículo 46 de la Ley N° 27785, que estableció las infracciones que habilitaban a la Contraloría General de la República a entablar procesos administrativos sancionadores por responsabilidad funcional de funcionarios y servidores públicos. El motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad fue la transgresión del principio de tipicidad o taxatividad que forma parte del principio de legalidad consagrado en el artículo 2, inciso 24, literal d de la Constitución Política del Estado. Con la sentencia emitida en este proceso, quedó establecido que sí resulta constitucional el otorgamiento de facultades sancionadoras a la Contraloría General de la República. Sin embargo, el ejercicio de dicha facultad quedó suspendido hasta la emisión de una nueva ley que tipifique las infracciones respetando el citado principio de legalidad, en su modalidad de tipicidad o taxatividad. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional interpretó que las sanciones de inhabilitación que pudiera emitir la Contraloría, no restringen los derechos políticos consagrados en el Capítulo III del Título I de la Constitución de 1993; declarando infundada la demanda en todo lo demás que contiene. Respecto a la vulneración del principio ne bis in idem, el TC consideró inoficioso evaluar este extremo de la demanda.