Medidas necesarias para fortalecer la solución de controversias originadas en materia de contratación del Estado

Abstract

Las compras y contrataciones públicas constituyen un factor importante para que las entidades de la Administración Pública puedan cumplir con los objetivos institucionales encomendados por el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, garantizar que las entidades obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados repercute significativamente en el desarrollo nacional, fortalece al sector privado, articula la creación de nuevos puestos de trabajo y puede, asimismo, constituir un instrumento capaz de distribuir la riqueza de forma más eficiente. Sin embargo, luego de que la Entidad contratante y el contratista han suscrito el contrato, existe la posibilidad que una de las partes no cumpla con los términos acordados y establecidos en el referido documento, o surja una controversia sobre la interpretación, resolución, inexistencia, nulidad o invalidez del contrato. El incumplimiento contractual ocasiona necesariamente que una de las partes reclame o exija a la otra que cumpla con lo acordado, lo que, a su vez, genera que entre ambas surja un conflicto, cuya solución puede ser conducida por las partes o por un tercero.