La inversión de la carga de la prueba en el delito de enriquecimiento ilícito como afectación de principios constitucionales, penales y procesales

Abstract

El avance de la criminalidad y el fenómeno de la corrupción alrededor del mundo, generó la necesidad de protección, prevención y sanción de dichos actos delictivos incluso mediante la expedición de normas internacionales con la suscripción de distintos países, es en dicho contexto que surge en nuestro país la regulación del delito de enriquecimiento ilícito, pues los supuestos en los cuales las autoridades públicas se hacían de bienes, dinero y demás propiedades a su favor con el uso indebido de sus prerrogativas funcionariales iba en aumento. Sin embargo, se puede advertir de la configuración típica del art. 401° del Código Penal que regula el delito de enriquecimiento ilícito, que no existe una correcta determinación del acto que se incrimina, que dentro del transcurso de la investigación existiría una vulneración de la presunción de inocencia del funcionario público procesado bajo la inversión de la carga de la prueba que implica el traslado a de la obligación al imputado de demostrar su inocencia, lo que constituiría una clara contravención a la propia Constitución Política de nuestro país, así como del contenido de la norma supranacional protectora de derechos humanos. De esta manera por medio de una investigación cualitativa, de nivel exploratorio y correlacional empleando un método lógico deductivo frente a la base teórica y jurídica analizada, se pudo determinar la inconstitucionalidad de esta figura penal por una vulneración expresa del derecho fundamental a la presunción de inocencia y a la no autoincriminación.