Informe Jurídico de Expediente Penal N° 1364-2014

Abstract

En el presente trabajo se sustenta en base del Expediente Judicial 1364-2014-25-2501- JR-PE-02, proceso penal seguido contra M.A.P.V. (36 años) vs R.M.V.J. (13 años), por el delito de violación sexual de menor de edad, tipificado en el art. 173.2 del Código Penal. Durante el proceso penal, bajo el nuevo código procesal penal, se advirtió lo siguiente: i) La sentencia de primera instancia, que determinó la responsabilidad penal del acusado e impuso la pena privativa de la libertad de 30 años. Ante ello, la defensa técnica del acusado interpuso recurso de apelación. ii) La primera sentencia de vista expedida por la Sala de Apelaciones, que sostuvo que la relación sexual mantenida del acusado con la menor fueron consentidas, sin embargo, la pena establecida en nuestro ordenamiento jurídico es desproporcional, irracional e injusta cuando se presenta este tipo de situaciones, por lo que, decidió realizar el control difuso de la norma del mínimo y máximo fijado en el art. 173.2 del Código Penal (no menor de 30 años, no mayor a 35 años de pena privativa de la libertad) con la finalidad de no aplicarla en el caso concreto; e impuso 7 años de pena privativa de la libertad contra el acusado. Asimismo, en razón del art. 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, elevó en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, el extremo de la inaplicación la pena establecida en el art. 173.2 del Código Penal, siempre y cuando no exista impugnación por casación por la parte legitimada. iii) Posteriormente, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, mediante ejecutoria suprema, decidió desaprobar la consulta elevada por la sala de apelaciones, y le ordenó subsanar la sentencia, en el extremo de la inaplicación de la pena, debido a la ausencia de motivación en la aplicación de un “aparente” control difuso. iv) Sala Superior, decidió ordenar una nueva audiencia y por consecuente, emitió una nueva sentencia de apelación, que resolvió en base de la sentencia de primera instancia, y declaró infundado el recurso de apelación del acusado, determinó su responsabilidad penal e impuso la pena privativa de la libertad de 30 años. Respecto a ello, la defensa del imputado interpone recurso de casación. v) Finalmente, la Sala Penal Suprema decide declarar fundado el recurso de casación debido a que la Sala Superior actuó extralimitándose en las funciones encomendadas por la Sala de Derecho Constitucional y quebrantó la garantía constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva, en su componente del derecho a firmeza, invariabilidad y a la cosa juzgada, cuya firmeza quedó configurada por la inacción fiscal; configurándose lo previsto en el numeral 1 del artículo 429 del NCPP.