Informe Jurídico de Expediente N° 0006-2019-CC/TC

Abstract

En el Informe Jurídico se analiza el expediente que se inicia a partir de la demanda competencial presentada por el Congreso de la República contra el Poder Ejecutivo, como consecuencia del planteamiento de la cuestión de confianza y la seguida disolución del Parlamento por el entonces Presidente Martín Vizcarra Cornejo, hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2019.

A través de la demanda competencial, el Congreso solicitó al Tribunal Constitucional que declare, entre otros, que el Poder Ejecutivo carece de competencias para plantear la cuestión de confianza respecto de atribuciones que son de competencia exclusiva del Congreso de la República, así como la nulidad del Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, mediante el cual se disolvió el Congreso y se convocó a elecciones de congresistas. Por su parte, el Poder Ejecutivo sustentó su posición, básicamente, en que las competencias aducidas por el Parlamento no pueden ser ejercidas de manera arbitraria, sin que medie algún contrapeso; y que la cuestión de confianza se encuentra regulada por la Constitución de manera abierta, por lo que el Parlamento no puede negar su procedencia respecto de reformas constitucionales y la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Finalmente, el 14 de enero de 2020, el Tribunal Constitucional resolvió la controversia en torno a la demanda competencial presentada, declarándola infundada.

El expediente analizado contiene materias jurídicas relevantes tales como el balance de los poderes del Estado, la cuestión de confianza, el procedimiento parlamentario para elección de los miembros del Tribunal Constitucional, la demanda competencial, entre otros; para lo cual se llevó a cabo la revisión de normas y doctrina en materia de Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario.

Asimismo, el objetivo de analizar el expediente consiste en revisar si los argumentos y actuaciones de las partes a lo largo del proceso, así como del Tribunal Constitucional, se ajustan a derecho; así como evaluar la adecuada aplicación de las normas jurídicas al caso en concreto.