El estándar probatorio para iniciar diligencias preliminares por el delito de lavado de activos: desarrollo jurisprudencial ambiguo en el Perú

Abstract

Esta investigación estudió el estándar probatorio para iniciar diligencias preliminares por el delito de lavado de activos porque la jurisprudencia nacional le concedió un desarrollo ambiguo, del cual surgían múltiples formar de entender su nivel inicial de sospecha simple, con la posibilidad de que se generasen afectaciones al sospechado y al sistema nacional de justicia por su comprensión inapropiada, intensificados por las implicancias del delito de lavado de activos. Por esta razón, la investigación se centró en la sospecha inicial simple en relación con el delito mencionado, abarcando su expresión material, estructura, comprensión, aplicación y efectos negativos, además de la determinación de orientaciones al respecto. Para dicho propósito se formuló como objetivo general demostrar que la jurisprudencia nacional no era clara sobre el estándar probatorio requerido para iniciar diligencias preliminares por el delito de lavado de activos, mientras que, como objetivos específicos demostrar que la jurisprudencia nacional no había desarrollado apropiadamente orientaciones, por un lado, sobre los puntos de partida objetivos idóneos para iniciar diligencias preliminares y, por otro, sobre la idónea valoración de la noticia criminal para saber cuándo iniciar diligencias preliminares por el mismo ilícito penal. En lo que concierne la metodología, se utilizó un enfoque cualitativo, de tipo aplicada, con estudio explicativo y diseño no experimental, método interpretativo descriptivo y como técnicas, el análisis documental y entrevistas, que tuvieron como resultado principal que la jurisprudencia nacional era ambigua y defectuosa; además concluir, principalmente, que la jurisprudencia nacional no había sido clara sobre el estándar probatorio requerido para iniciar diligencias preliminares por el delito de lavado de activos porque su desarrollo era ambiguo en relación a la conceptualización de la denominada “sospecha inicial simple”, su estructura y los elementos que lo conforman, lo que dificultaba su comprensión apropiada y posibilitaba la emisión de decisiones defectuosas que comprometían derechos y garantías constitucionales, a partir del amplio margen de discrecionalidad de los representantes del Ministerio Público que esta deficiencia representaba.