Aplicación del principio de mínima intervención penal en el delito contra la propiedad industrial en el uso indebido de marcas registradas en el distrito fiscal de Lima Centro, periodo 2020-2022

Abstract

El presente trabajo de investigación se titula: “Aplicación del Principio de Mínima Intervención Penal en el Delito contra la Propiedad Industrial en el uso indebido de marcas registradas en el Distrito Fiscal de Lima Centro, periodo 2020-2022”, para tal efecto se ha preguntado ¿Por qué razones la aplicación del Principio de Mínima Intervención Penal influye en la investigación y persecución penal en los delitos contra la Propiedad Industrial en el uso indebido de marcas registradas en el distrito Fiscal de Lima Centro, período 2020-2022? cuyo objetivo general del trabajo de investigación es, determinar sí la aplicación del Principio de Mínima Intervención Penal influyó en la investigación y persecución penal en el Delito contra la Propiedad Industrial en el uso indebido de marcas registradas en el distrito Fiscal de Lima Centro, período 2020-2022. En la investigación se empleó un diseño metodológico no experimental, en razón a que, no se alteró la realidad. La investigación fue transaccional o transversal descriptivo porque recoge la información de una situación determinada, en la cual nos referimos al objeto de estudio en el periodo 2020 al 2022. En la presente investigación concluye que, la investigación y persecución penal en el delito contra la Propiedad Industrial uso indebido de marca registradas en el distrito fiscal de Lima Centro, el 70% de denuncias ingresadas al Ministerio Público, no amerita la acción penal, en razón que, la poca cantidad del objeto material del delito no representa una grave afectación al bien jurídico protegido; el tipo penal del artículo 222° no contempla dispositivo legal referente a la valoración económica del objeto material del delito, como elemento determinante del delito contra la Propiedad Industrial; la persecución penal resulta más onerosa que el perjuicio ocasionado a la parte agraviada y se sobrecarga el Sistema de Administración de Justicia.