Informe Jurídico de Expediente Administrativo N° 055-2019/CEB

Abstract

El actual informe, de carácter jurídico, versa sobre un procedimiento administrativo desarrollado ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en donde una empresa de iniciales CRB S.A.C. dedicada a los servicios de entretenimiento (bar – discoteca) presenta una denuncia contra un gobierno local de iniciales MDB. Originando así el Expediente 055-2019/CEB; donde se analiza la legalidad y razonabilidad de dos (2) ordenanzas municipales que restringen la comercialización de bebidas alcohólicas y el consumo de todo producto derivado del tabaco; al ser señaladas como barreras burocráticas ilegales. Luego de la denuncia –como corresponde– el gobierno local (MDB) presenta los descargos pertinentes, argumentando la legalidad de sus ordenanzas, así como su potestad para regular las restricciones cuestionadas. Entonces, en primera instancia, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) desestimó en parte la denuncia presentada; resolviendo que las limitaciones sobre la comercialización de bebidas alcohólicas y el horario de funcionamiento no resultaban ilegales. Sin embargo, sí considera como barrera burocrática ilegal el acto administrativo de prohibir fumar y conservar activos los cigarrillos o bienes tabaqueros en todo local público o privado de esparcimiento, en el distrito de la MDB. Este último extremo es apelado por el gobierno local mencionado, empero, la Sala con especialidad en Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI, confirma la resolución impugnada. Concluyendo de esta manera el procedimiento administrativo del Expediente 055-2019/CEB. Resulta conveniente señalar que, la relevancia jurídica del expediente mencionado surge cuando advertimos el “enfrentamiento” entre el derecho a la salud y la política estatal de reducción del consumo de tabaco, por una parte; contra los derechos de libertad de empresa y libre iniciativa privada, por otro lado. ¿Cuáles derechos deben preponderar? ¿Es correcto inobservar el marco normativo en aras de lograr el bienestar común? Para resolver estas interrogantes, debe estudiarse la legalidad de las barreras burocráticas denunciadas y la legitimidad de las afectaciones a los derechos de los agentes económicos.