Informe Jurídico de Expediente Administrativo N° 1411-2020/CC1

Abstract

En el presente trabajo, se tiene una denuncia interpuesta por el señor de iniciales M.A.G.H. contra una entidad financiera (banco), del cual se aprecia que el denunciante refiere que efectuó una operación de transferencia desde el exterior en moneda de euros para ser depositado en su cuenta en dólares y que se le habría retenido o cobrado indebidamente un aproximado de 600 dólares. En ese sentido, el denunciante señala que se habría vulnerado su derecho a la información y a la idoneidad del servicio, extremos que fueron imputados como cargo por parte de la Secretaría Técnica; teniéndose que, el proveedor denunciado negó todas las imputaciones y refirió que la transacción realizada desde el exterior se efectuó conforme a lo que se había ofrecido, así como la información solicitada sí se habría cumplido, aun cuando luego en apelación refiere que no se habría vencido el plazo a la fecha de la denuncia por encontrarse en Estado de emergencia. Luego, la Comisión de Protección al Consumidor resuelve las imputaciones de cargo, realizando ciertas unificaciones y modificaciones de los cargos, para que finalmente sancione al denunciado únicamente por no atender el requerimiento de información; en lo que, se tiene que después, dicho extremo fue revocado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor. De allí, que los problemas jurídicos se fijaron por si fue o no adecuado las imputaciones de cargo, sobre la carga probatoria en estas infracciones respecto del deber de información e idoneidad a favor del consumidor, así como a la vulneración a la idoneidad del servicio, y como se propuso una posición sobre las resoluciones finales emitidas en el procedimiento de protección al consumidor. Para ello, ha resultado necesario en este trabajo de suficiencia profesional la valoración de los medios probatorios ofrecidos por las partes como el estado de cuenta de movimientos y saldos, los correos electrónicos donde se otorgó la información al consumidor, entre otras documentaciones; asimismo se ha aplicado el Código de Protección y Defensa del Consumidor y demás normas especiales a fin de dar una respuesta a los problemas jurídicos identificados y las resoluciones.