Informe Jurídico de Expediente Administrativo N° 01143-2012-0-1801-JR-CA-06

Abstract

A través del presente informe jurídico se analiza el Proceso Contencioso Administrativo iniciada por la demandante I. SAC contra el Tribunal Fiscal y la SUNAT, en el cual como pretensión principal se solicita la nulidad de la RTF Nº 015692-10-2011. Dicho pedido de nulidad se sostiene, en que el Tribunal Fiscal ha confirmado una indebida aplicación de los artículos 37º y 44º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta por parte de la Administración Tributaria, toda vez que atribuye como liberalidad a un pago por concepto de indemnización por daño causado a tercero, en relación a la deducción como gasto. El Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda, sosteniendo que no obra en autos documentación alguna que acredite en forma fehaciente que se acordó el pago de una penalidad en caso de incumplimiento y menos los términos en que se cumpliría la misma. La Séptima Sala en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarias Aduaneros y de Mercado revocó la sentencia apelada que declaró infundada, y reformándola la declara fundada, sosteniendo que previamente se debió recurrir a las normas del derecho internacional privado para determinar cuál era la ley aplicable al referido contrato de acuerdo al primer párrafo del artículo 2095 del Código Civil y que el pago de la penalidad fue acreditado con la documentación presentada. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica declaró fundados los recursos de casación interpuesto por los demandados, confirmando lo resuelto en primera instancia, motivando, principalmente, que no hay fehaciencia del acuerdo de la penalidad por incumplimiento de la operación de compra de aceite refinado, ya que no hay algún soporte documental que muestre al menos algún indicio del supuesto pacto. Al respecto, en el presente informe se analiza diversas instituciones del derecho civil, como la libertad de contratación, la cláusula penal, los límites de la autonomía privada y otros. Así como instituciones del derecho tributario, principalmente, referidas a la obligación formal y al criterio de fehaciencia. En ese sentido se desarrollan temas jurídicos, como, por ejemplo: si el derecho a contratar libremente en virtud a la autonomía de la voluntad privada, tiene límites en el ámbito tributario, ya que los contribuyentes tienen que acatar las obligaciones formales para acreditar de forma documentaria sus operaciones y acuerdos que realizan en sus relaciones comerciales. Así también relacionados al criterio de fehaciencia, criterio que se vuelve constitutivo de derecho en la deducción del gasto. Se debe prioriza la forma en relación a lo sustantivo.