Informe Jurídico de Expediente Penal N° 934-2016-0-1801-JR-PE-25
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Fecha
2021Autor(es)
Huayllaquispe Preciado, Eder Edu
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El presente informe jurídico ha sido desarrollado tras realizar un análisis
exhaustivo del proceso recaído en el Expediente Penal 934-2016-0-1801-JR-PE-
25, que se siguió en contra de P. G. G. Z. por la presunta comisión del delito
contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de E. V. T.
De acuerdo con los hechos, el día 03 de marzo de 2016, la agraviada E. V. T. se
encontraba viajando a bordo de un taxi con dirección a la Plaza de Armas;
cuando el vehículo se detuvo por el cambio de luz del semáforo a la altura de la
intersección de los jirones Maynas con Junín, un grupo de tres sujetos
interceptaron el vehículo, dos del lado derecho y otro por el lado izquierdo, (el
mismo que fue reconocido como el investigado P. G. G. Z.) quienes abrieron las
puertas del taxi y forcejearon con la agraviada a fin de arrebatarle su cartera,
siendo que a fin de conseguir su propósito delictivo, uno de ellos sacó un
revólver, consiguiendo que la víctima suelte su cartera; acto posterior fueron
perseguidos por ella a poca distancia, sin éxito dado que la agraviada se
desmayó. Sin más dilación, ese mismo día la 57° Fiscalía Provincial Penal de
Lima dispuso la apertura de la investigación preliminar, requiriendo el 04 de
marzo de 2016 la formalización de la denuncia penal y la prisión preventiva del
imputado P. G. Z., la cual fue concedida por el 25° Juzgado Penal en
inobservancia de la normativa y jurisprudencia nacional. Posteriormente, con
fecha 24 de agosto de 2016, el 28° Juzgado Penal declaró de oficio el arresto
domiciliario del investigado sin observar la normativa vigente.
En razón a ello, aunado a lo resuelto en la sentencia de primera instancia
expedida por la 4° Sala Penal para procesos con reos en cárcel, donde se
condenó al procesado; como en el recurso de nulidad, expedida por la Sala Penal
Permanente, donde se absolvió al condenado; se encontraron problemas cuya
relevancia jurídica es competencia del sistema de administración de justicia
penal, toda vez que se tratan de errores continuos en la aplicación del derecho
penal y procesal, los cuales no solo se limitan al caso en concreto, sino a casos
en general; como se aprecia de las disposiciones fiscales, requerimientos y
resoluciones emitidas por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial.
En ese sentido, en base a las observaciones realizadas a lo largo del proceso
penal materia de análisis, se ha formado una opinión propia, tras investigar y
analizar la falta de motivación del auto de prisión preventiva y la incorrecta
aplicación de la detención domiciliaria; obteniendo como resultado una
interpretación del derecho penal y procesal que armoniza con el respeto de los
principios que lo fundan, las garantías procesales y el respeto de los derechos
fundamentales.